Este texto se publicó hace un año, pero después de los desaguisados en el Congreso de la Unión entorno a la Reforma Política cobra hoy mayor vigencia
En este año de centenarios y bicentenarios es frecuente escuchar todo tipo de proyecciones y vaticinios para nuestro país. Muchos consideran, por ejemplo, que el 2010 está llamado a ser un parteaguas en nuestra historia, igual que lo fueron en su momento la Independencia Mexicana de 1810 y la Revolución Mexicana de 1910. Obviamente, la coincidencia de las fechas abona a esta creencia. Y si bien el México actual requiere grandes transformaciones para superar la grave crisis política, económica y social que padece, pensar así no hace más que proyectar hacia el futuro inmediato nuestros propios deseos, anhelos y frustraciones, pues nada asegura que el 2010 será un año decisivo. Pero, si insistiéramos en las coincidencias, ¿qué tipo de ruptura o revolución nos podría deparar el 2010? En mi opinión, las opciones se reducen a tres: a) conflictos o estallidos sociales más o menos violentos como resultado de la recesión económica y la depresión social, acompañados de represión; b) regresión autoritaria con intervención militar en un contexto de creciente ingobernabilidad y conflicto social; y c) instauración de un autentico Estado de derecho democrático mediante una reforma del Estado integral que refunde al país. De estos tres escenarios sólo el tercero constituye una ruptura hacia adelante, un cambio hacia algo mejor, el cierre de una era y el inicio de otra, la culminación definitiva de la larga etapa autoritaria y el inicio de una democracia asentada en instituciones y normas inobjetablemente democráticas. Por su parte, los primeros dos escenarios —una revolución social o un golpe militar— significarían el fracaso del país, la constatación de la inutilidad de la clase política para conducir a la nación por el camino de la legalidad y la civilidad.
En los hechos existen suficientes elementos como para no descartar ninguno de estos escenarios, pero nada sería más deseable que nos enfiláramos hacia el tercero. Obviamente, no está dicho que llegar a los consensos necesarios en esa dirección conjure del todo los otros escenarios, ni que la ausencia de una reforma del Estado aceleraría el estallido social. Quizá el país puede seguir caminando como hasta ahora sin que el profundo deterioro que acusa en todos los órdenes se traduzca en un cambio histórico, como sugiere la coincidencia secular. Quizá el 2010 pase en blanco y la gran transformación tenga que esperar para otro momento en el futuro. Quizá el gran cambio que muchos esperan se adelantó en el 2000, con la histórica alternancia de ese año, y lo que venga ahora sean sólo ajustes graduales y periódicos para apuntalar la democracia que de ahí emergió y que hasta ahora no ha logrado plasmarse en leyes e instituciones claramente democráticas.
En ese contexto de dudas e interrogantes, cobra sentido preguntarse sobre el alcance y las posibilidades de la así llamada iniciativa de “reforma política” presentada para su discusión en el Congreso por parte del presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa a fines de 2009. Más específicamente, ¿constituye esta iniciativa el detonador de la reforma del Estado que nuestro país requiere, indispensable para dejar atrás las inercias autoritarias del pasado y encauzar a nuestra joven democracia hacia el camino más promisorio de su consolidación y firme establecimiento?, ¿de ser así, el 2010 será el año de la reforma del Estado, un año de ruptura definitiva con el pasado autoritario y de apertura hacia una nueva etapa de plenas libertades y derechos democráticos, un año histórico de quiebre cuya trascendencia sólo sea comparable con el inicio de la Independencia hace dos siglos o de la Revolución hace uno, con lo que se cierra un ciclo de revoluciones en dirección de un orden deseado pero nunca alcanzado plenamente: primero, revolución emancipadora, después, revolución social, y ahora, revolución democrática?
Hacia ahí quieren caminar mis reflexiones en este epílogo. De entrada, anticipo que mis conclusiones serán más bien pesimistas. El 2010 no será el año de la reforma del Estado, pues no existen todavía en la clase política ni la voluntad, ni la visión de futuro, ni el patriotismo necesarios para acometer la tarea. La lógica seguirá siendo el escamoteo y la descalificación de cualquier tentativa de reforma, la preservación obsesiva de los intereses partidocráticos, la demagogia y el cinismo.
En esa perspectiva, quizá el país pueda mantenerse un tiempo en el precipicio antes de despeñarse sin remedio en las aguas turbias de la ingobernabilidad y el estallido social. Como quiera que sea, el futuro es poco halagüeño, y si la nación logra resistir a los malos presagios en los próximos tres años es simplemente por la ilusión o el espejismo de poder atestiguar finalmente un cambio por la vía de las urnas, o sea en los comicios del 2012, renovación sexenal de las ilusiones que como tal constituye un resabio del viejo régimen.
Por lo pronto, la iniciativa de reforma política enviada al Congreso por parte del presidente de la República ha suscitado todo tipo de reacciones entre la clase política. La cantidad de mentiras, engaños y simulaciones que se han ventilado desde entonces es tan vulgar que retrata de cuerpo entero a nuestros políticos, atrapados en sus gastadas retóricas, tan ambiciosos como cínicos, impermeables a las exigencias sociales, mezquinos y despreciables. Para el efecto, considérese la siguiente lista de diez mentiras o engaños en torno a la reforma política.
1. EN TIERRA DE CIEGOS…
Contrariamente a lo que sostiene la propaganda oficial, la reforma política enviada por Calderón al Congreso no tiene paternidad. No es “la Reforma de Calderón”, pues las propuestas que la conforman son resultado de años de discusiones y reflexiones en las que hemos estado inmersos cientos de estudiosos y ciudadanos convencidos de la necesidad de una reforma del Estado en México, como instrumento para apuntalar nuestra democracia y neutralizar las inercias del pasado autoritario. Lo único que hizo Calderón fue “palomear” diez tópicos de los muchos que ya existen en innumerables iniciativas de reforma, pero principalmente en la diseñada por la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado (CERE), creada en 2000 por el entonces presidente electo Vicente Fox y encabezada por Porfirio Muñoz Ledo. Cabe señalar que dicha propuesta no prosperó, pues ni Fox ni los partidos en el Congreso mostraron la voluntad necesaria para impulsarla, aunque todos se comprometieron públicamente con ella. En ese sentido, si Calderón propone ahora resucitar el tema y atribuirse la paternidad de la reforma política, sólo puede hacerlo con fines de legitimación y propaganda, apostando a la desmemoria colectiva o a la manipulación mediática.
Por lo demás, la selección de temas en la iniciativa de Calderón es totalmente arbitraria, forzada, parcial y subjetiva, por lo que se desdibuja la integralidad y la coherencia que una reforma del Estado debe contemplar si es que se aspira a edificar con ella un nuevo régimen político más que a resanar aspectos aislados del entramado institucional y normativo. Huelga decir que este hecho abona más al fracaso que al éxito de la iniciativa de Calderón, tal y como sucedió previamente con la así llamada Ley para la Reforma del Estado que promovió el PRI (Partido Revolucionario Institucional) en la pasada Legislatura y que arrojó pésimos resultados, como la reforma electoral de 2007, un ejemplo más que elocuente de cómo se puede arruinar la legislación en manos de una casta partidista voraz e ignorante.
Más allá de las justificaciones esgrimidas por Calderón al proponer la reforma política, tales como restarle poder a las burocracias partidistas, ampliar las facultades de los ciudadanos, propiciar un mejor entendimiento entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la verdadera intención de Calderón es política, o sea rasguñar algo de legitimidad a mitad de un sexenio que es percibido por la mayoría de los mexicanos como una verdadera tragedia. En ese sentido, como veremos en otro punto, más que la reforma política en sí, lo que le interesa a Calderón es contar con una carta política para buscar adeptos a su supuesta cruzada democratizadora así como exhibir a sus adversarios (señaladamente el PRI) como antidemocráticos, una estrategia nada despreciable si constatamos lo difícil que lo tiene el PAN (Partido Acción Nacional) rumbo a las presidenciales del 2012 en contraste con la tendencia que parece favorecer al PRI en sus aspiraciones por regresar a Los Pinos. En ese sentido, resulta lógico pensar incluso que la reforma propuesta por Calderón está diseñada para que no se apruebe, pues sólo en ese escenario el presidente puede hacer ostensible que el PRI, el enemigo a vencer, es un partido anclado en su pasado autoritario, contrario a la “genuina” renovación democrática que el PAN y Calderón encabezan. De hecho, en caso de que se aprobaran, los diez puntos contenidos en la reforma propuesta por Calderón dañarían sensiblemente los intereses y prerrogativas de las cúpulas partidistas, algo que el PRI no está dispuesto a consentir, mucho menos con vistas a su posible regreso triunfal al poder.[1] No hay pues, nada ingenuo. La propuesta de reforma política y los diez temas palomeados por Calderón que la integran nacen de un cálculo político concreto por parte de la oficina de la presidencia. Sólo el tiempo dirá qué tan eficaz resulta. Por lo pronto, el presidente se anota un punto a su favor en lo que a estrategia política se refiere, en medio de la mediocridad prevaleciente y de tantos fracasos acumulados durante su gestión.
2. NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
Al anunciar la reforma política, Calderón la ha hecho aparecer como la reforma del Estado que el país requiere. Pero esto es insostenible. La reforma propuesta por Calderón es tan sólo una que mira a corregir algunos aspectos aislados de nuestro régimen político, pero no al régimen en su conjunto. Conviene pues, no confundirlas. Sólo puede hablarse de reforma del Estado en presencia de una reforma integral del andamiaje normativo e institucional que heredamos prácticamente intacto del viejo régimen autoritario y, por lo mismo, incompatible con las exigencias y necesidades de una democracia. En ese sentido, la iniciativa de reforma enviada por Calderón sólo propone cambios en algunos aspectos muy localizados, sobre todo en materia de democracia electoral, tales como reelección de diputados y senadores, segunda vuelta electoral, candidaturas independientes, iniciativa popular, reducción del número de diputados y senadores, entre otras, y se dejan de lado otros temas igualmente cruciales para apuntalar nuestra democracia, tales como el federalismo, la rendición de cuentas, la revocación de mandato, la ley de medios, una auténtica ley de transparencia, una ley de partidos, el equilibrio de poderes, entre muchos otros. Por eso debemos insistir que la reforma política anunciada por Calderón, aunque toca aspectos importantes, no es suficiente por sí sola para reformar nuestro entramado institucional ni califica para ser llamada reforma del Estado, como los voceros de Calderón han querido venderla a la ciudadanía.
Para entendernos, conviene precisar mejor el significado de reforma del Estado, sobre todo porque este es uno de esos conceptos que de tan usados con fines políticos, es decir, para justificar ciertas acciones o iniciativas de los actores políticos, terminan vaciándose de significados fuertes o son empleados para referirse a cosas muchas veces contradictorias. La precisión conceptual es necesaria antes que la reforma del Estado termine siendo algo insustancial y que se emplee para referirse a todo y nada a la vez.
En primer lugar, habrá que decir que el significado de esta noción no tiene nada que ver en la actualidad con los significados que adoptó en el pasado, es decir durante el régimen priista. Así, por ejemplo, no tiene nada que ver con el pretendido “proyecto modernizador” que se propuso durante el sexenio 1988-1994. En aquel entonces, la reforma del Estado se planteó como una transformación para sentar las bases de una nueva relación entre el Estado y una sociedad cada vez más informada y participativa así como para reducir el papel económico del Estado mediante una política liberalizadora acorde con las nuevas exigencias de la economía global. En los hechos, más allá de modificaciones en las competencias del Estado en relación con la economía en sintonía con el modelo neoliberal entonces en auge, dicha reforma del Estado no alteró de manera significativa, independientemente de algunas modificaciones constitucionales menores, el entramado normativo e institucional vigente, es decir, del régimen político mexicano, cuyos primeros rasgos constitutivos datan de 1929, año en que se fundó el PNR (Partido Nacional Revolucionario).
En segundo lugar, el actual debate sobre la reforma del Estado en México está definido por la culminación de un largo y lento proceso de apertura política que posibilitó de manera pacífica y ordenada una alternancia en el poder y con ello la oportunidad histórica de redefinir el régimen político mexicano en su totalidad a fin de adecuarlo a una nueva lógica de funcionamiento democrático, mediante un nuevo pacto o contrato social amplio e incluyente. Es decir, la actual agenda de la reforma del Estado no es la de una reforma coyuntural para adecuar al Estado a las nuevas necesidades globales del mercado y el comercio internacionales, sino una reforma política y normativa, una reforma para refundar al Estado mexicano en su conjunto sobre nuevas bases claramente democráticas. En ese sentido, la reforma del Estado en la actualidad no responde directamente a exigencias externas de tipo económico, aunque sí permitiría al país adquirir indirectamente un mayor reconocimiento internacional, autoridad moral y congruencia normativa, que repercutiría en sus relaciones comerciales multilaterales. Tampoco es una reforma que siga los patrones de otras que con el mismo nombre se emprenden en la actualidad en otros países, sino una que sólo atañe al nuestro en función de las opciones de instauración democrática que se abrieron con la alternancia en el año 2000.
En tercer lugar, la reforma del Estado se concibe hoy como el paso lógico y necesario en el proceso de transición democrática subsiguiente a la alternancia en el poder que se registró en el 2000 y que marcó un parteaguas con el pasado autoritario. En efecto, todas las transiciones exitosas han enfrentado en algún momento el desafío que supone redefinir o rediseñar su entramado político y normativo en dirección democrática. Se trata de una etapa ineludible para avanzar en la construcción firme y la eventual consolidación del nuevo régimen democrático y para dejar en el pasado todo resabio autoritario que lo inhiba. Como es obvio, las transformaciones producto de pactos y acuerdos entre todos los actores políticos durante esta etapa son fundamentalmente jurídicas y por regla general conducen a la reelaboración de la Constitución o a la introducción de cambios integrales a la misma. Por este hecho, suele asociarse a la reforma del Estado con términos como “ingeniería constitucional” o “arquitectura institucional” o “construcción del Estado de derecho”.
En cuarto lugar, no debe confundirse la reforma del Estado con otras reformas igualmente importantes y necesarias en las actuales condiciones del país, pero que tienen un carácter más acotado. En alguna medida, la reforma del Estado tiene conexión con otras reformas más específicas o delimitadas, pero no por ello deben colocarse en el mismo saco. Así, por ejemplo, es prioritario para el país que se avance en la aprobación de reformas estructurales, como la fiscal, la laboral y la energética, pero dichas reformas no entran en estricto sentido en el proyecto más ambicioso y general de la reforma del Estado. El criterio para distinguirlas es que las primeras apuntan más bien a generar las condiciones más convenientes para que el Estado desempeñe adecuadamente sus competencias sustantivas en sintonía con las cambiantes exigencias sociales y económicas del país, mientras que la reforma del Estado se encamina a crear una democracia constitucional, es decir, aspira a hacer compatible en el horizonte del largo plazo la estructura constitucional con la democracia. En ese sentido, la reforma del Estado toca temas distintos aunque relacionados a los que plantean las así llamadas reformas estructurales, tales como la declaración de los derechos y las garantías y su justiciabilidad, el equilibrio de los poderes de la Unión y los de la Federación, el federalismo, la estructura político-electoral, las obligaciones económicas del Estado y los propios procedimientos de reforma constitucional.
En quinto y último lugar, no es prudente colocar en el mismo nivel la reforma del Estado y las reformas que con el mismo nombre se están realizando o promoviendo en varias entidades del país y que presumiblemente introducirán modificaciones en sus Constituciones locales. Si bien ambos tipos de reforma del Estado se orientan en la misma dirección de ajustar sus respectivas constituciones a las exigencias de una democracia en construcción, la reforma del Estado de la que aquí se habla engloba necesariamente a todas las demás, pues a la larga todos los Congresos locales deberán redefinir su legislación estatal en sintonía con los cambios normativos e institucionales que se concierten en el Congreso de la Unión a nivel federal, es decir, en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, podrán dar curso a procesos de reforma en el ámbito de sus competencias y en el marco de la libertad de gestión de la que actualmente carecen y que una reforma democrática del Estado les daría.
En síntesis, por reforma del Estado debe entenderse en el México postautoritario el rediseño normativo e institucional de nuestro ordenamiento político en su conjunto con el fin de adecuarlo a una lógica de funcionamiento claramente democrático que hoy, por las fuertes herencias autoritarias del pasado, sólo se asoma de manera contradictoria y parcial. Cabe añadir, por último, que la reforma del Estado sólo se puede concretar mediante un pacto social amplio e incluyente entre las distintas fuerzas políticas y con el escrutinio de la sociedad en su conjunto.
Otra manera de colocar las cosas es distinguiendo entre cambio de régimen y cambio en el régimen. Como es sabido, México transitó a la democracia por la vía de la alternancia en el 2000, pero este tránsito no estuvo mediado por un nuevo pacto que refundara a la nación, como suele ocurrir en todas las transiciones exitosas. En lugar de ello, heredamos del viejo régimen un entramado normativo e institucional incompatible con la democracia. De ahí que nuestro país sigue esperando más que por cambios parciales y aislados en el régimen por un cambio de régimen o, como suele definirlo la literatura especializada, por una auténtica instauración democrática. Por todo ello, la reforma política de Calderón, al proponer tan sólo algunos ajustes, se inserta en la mejor lógica del gradualismo con la que se han ido reformando las leyes en nuestro país y que nos ha conducido a la ambigüedad normativa que padecemos, un gradualismo que le va bien a la casta política para preservar sus intereses y disminuir así el riesgo que puede representarle introducir cirugías normativas mayores, pero que condena al país a los extravíos que sufrimos y deja a nuestra joven democracia expuesta a múltiples embates autoritarios. Es decir, la reforma política de Calderón es más un placebo para reanimar temporalmente a nuestra democracia que la cirugía definitiva que realmente requiere, una reforma de oropel.
3. UNA GOLONDRINA NO HACE VERANO
Como ya adelanté, la iniciativa de reforma política de Calderón no nace de una genuina vocación democrática por parte del presidente, como sus promotores lo han querido explotar, sino que constituye una mera estrategia política diseñada en la oficina presidencial.
Si hay una frase emblemática acuñada durante el viejo régimen imprescindible para entender la política en México esa es: “la forma es fondo y el fondo es forma”. Nada más cierto para entender la iniciativa de reforma política enviada por el presidente Calderón al Congreso de la Unión, pues en este hecho nada hay de azaroso ni casual, empezando por el momento en que se presenta hasta las reacciones esperadas al presentarla. Dicho en otras palabras, todo estaba calculado meticulosamente, en este caso por la oficina presidencial. Calderón terminó el 2009, o sea la primera mitad de su sexenio, totalmente zarandeado y golpeado: su partido perdió la mayoría en el Congreso en las elecciones intermedias, la crisis económica se ensañó con el país y mostró la ineficacia del gobierno para enfrentarla con planeación y tino; la inseguridad y la violencia se han apoderado de toda la geografía nacional, azuzada por una guerra al narcotráfico fallida, misma que fue enarbolada por el presidente más con fines de legitimación que por convicción; los índices de corrupción se han incrementado; la descomposición social es escandalosa; orillados por la frustración y la desesperación muchos exigen la salida inmediata de Calderón de los Pinos; etcétera. En ese contexto de creciente cuestionamiento, a Calderón no le quedaba más opción que buscar nuevas vías para tratar de conquistar un umbral de legitimidad mínimo que le permitiera concluir su sexenio lo menos traumáticamente posible, y de paso descargar en sus adversarios políticos parte del desprestigio que hoy sobrelleva en sus espaldas. Para ello, en un país inacabado y con tantos déficit en todos los rubros como el nuestro, pero sobre todo con una democracia tan enclenque y maltrecha como la que tenemos, los gobernantes siempre cuentan con el recurso de autoproclamarse los paladines de la democratización para buscar legitimarse y neutralizar en alguna medida el descontento acumulado. Así lo hicieron en el pasado Luis Echeverría con la “apertura democrática”, José López Portillo con la “Reforma Política”, Ernesto Zedillo, con su malogrado “Pacto de los Pinos” y ahora Calderón con su “reforma política”. Los contenidos y los alcances de cada iniciativa propuesta pueden cambiar de un caso al otro, pero la intensión no confesa siempre ha sido la misma: recuperar legitimidad en un contexto de desprestigio y malestar crecientes. La diferencia de la iniciativa de Calderón respecto a las de sus predecesores es que ocurre en el marco de una democracia, que aunque incipiente supone ya la presencia de interlocutores, de pesos y contrapesos, de pluralismo partidista, de más de un centro de poder.
De ahí que enarbolar con decisión y una buena proyección mediática la bandera de la democratización, no sólo puede darle a Calderón buenos dividendos para revertir en parte el desprestigio que acusa, sino que también puede exhibir de rebote a sus adversarios (pero principalmente al PRI) como autoritarios y reaccionarios si es que estos no lo secundan en su supuesto compromiso con la democracia y escamotean su iniciativa de reforma política. Dicho en otras palabras, en el cálculo del presidente se envía al Congreso una reforma política con inspiración democratizadora, misma que el PRI, que es mayoría en el Congreso, no va a aprobar bajo ninguna circunstancia, y mucho menos en vísperas de poder recuperar la presidencia en el 2012, o sea se propone una reforma sabiendo de antemano que no será aprobada. La jugada no podía ser más oportuna, se trata de un juego a suma cero donde siempre gana Calderón y pierde el PRI: si la reforma prospera gana Calderón porque finalmente es su iniciativa, si la reforma no prospera el resultado es el mismo, porque Calderón queda como el demócrata y el PRI como el autoritario, percepción social que bien utilizada puede ser capitalizada por el partido de Calderón en las elecciones del 2012, aunque es prematuro anticiparlo.
En ese contexto, al PRI sólo le queda una opción para invertir el resultado: enarbolar seriamente la bandera de la democratización y proponer una reforma mucho más profunda y trascendental que la de Calderón, una reforma que la incluya pero que sea mucho más amplia, pues la mera descalificación de la iniciativa de Calderón no le basta al PRI para cambiar las cosas, considerando que el presidente siempre contará con el recurso de convocar a la ciudadanía contra los que obstaculizan el avance del país (señaladamente el PRI), o sea contra quienes inventan todo tipo de pretextos demagógicos con tal de mantener sus privilegios. Por lo pronto, la pelota está en la cancha del PRI, y nada le gustaría más a Calderón que los priistas la metan en su propia portería. En esas circunstancias, las posibilidades de que la reforma de Calderón no prospere son mayores a que sí lo haga, pues, como veremos más adelante, se trata de una reforma que vulnera sensiblemente las prerrogativas y los intereses de las cúpulas partidistas. De hecho, ninguna reforma política sería digna de ese nombre si no le restara poder a los partidos.
Que la reforma política propuesta por Calderón constituye más una estrategia política que un compromiso genuino del presidente con la democracia, queda igualmente ilustrado por dos hechos: a) si para Calderón apuntalar nuestra democracia fuera realmente prioritario, hubiera promovido la reforma política al inicio de su sexenio y no a la mitad del mismo, cuando es más complicado lograr acuerdos; y b) si rastreamos en la biografía política de Calderón es posible encontrar situaciones ambivalentes que ponen en entredicho su presunta vocación democrática, como su rechazo, siendo diputado federal, a la iniciativa de reforma electoral que terminó aprobándose en 1996, y su complicidad con el ignominioso rescate bancario del tristemente célebre Fobaproa. De ahí que sostenga que una golondrina no hace verano.
4. ¿COLA DE LEÓN O CABEZA DE RATÓN?
Así como exagerar las virtudes de la reforma política propuesta por Calderón es un engaño, escamotearla sólo puede hacerse desde la mentira y la simulación. Más específicamente, si la reforma de Calderón es de por sí limitada, denostarla o descalificarla para no aprobarla sólo puede hacerse desde la mezquindad política. Para ello, los partidos de oposición pueden utilizar todo tipo de recursos, como convocar a “expertos” para que “sustenten” lo que las cúpulas partidistas quieren proyectar sobre la reforma de Calderón, y de paso descalificar al presidente, pero esto sólo puede hacerse de manera interesada, pues en el fondo los partidos no están dispuestos a perder sus privilegios, mucho menos si hacerlo depende de ellos mismos mediante reformas como ésta. Que quede claro. Las reformas propuestas son limitadas, pero es lo mínimo de lo mínimo a lo que podemos aspirar en tiempos de cinismo político como el que padecemos. En ese sentido, el debate no es si las reformas propuestas son buenas o son malas, si son contraproducentes o no, si son técnicamente pertinentes o viables, etcétera, el tema es más bien si son necesarias o no en la perspectiva de apuntalar nuestra democracia. Ya vimos que tal y como están formuladas no son suficientes, pero eso no significa que no sean necesarias, o sea, aunque limitadas y parciales, son importantes para ir viendo un avance, comenzando por restarle privilegios a los partidos y lograr mejores equilibrios entre los poderes. Por todo ello, así como sostener que la reforma de Calderón es una gran reforma es una mentira, decir que las propuestas contenidas en ella no son necesarias también es un engaño. En realidad, el contenido de la reforma propuesta por Calderón es tan básico y elemental, que lo sorprendente es que nuestra joven democracia pueda preciarse de serlo sin haberlos incorporado hasta ahora, o sea que no hay ninguna razón, ni técnica, ni jurídica, ni arquitectónica, que justifique su ausencia. De hecho, ninguna democracia en el mundo califica hoy como tal en ausencia de tales contenidos elementales, como son la reelección de diputados y senadores, alcaldes y gobernadores, la reducción del número de legisladores, el incremento de los topes exigidos para que los partidos mantengan su registro, las candidaturas independientes, la segunda vuelta electoral, etcétera. Ninguno de estos tópicos debería estar a discusión, simplemente son indispensables. Llenarlos de objeciones y dudas técnicas sólo constituye un ardid para desecharlas.
Por todo ello, no sorprende que los partidos de oposición, pero principalmente el PRI y el PRD, hayan objetado las reformas con el respaldo de varios “especialistas” convocados por el Senado de la República para “discutir” su pertinencia. La reacción del PRI, por ejemplo, no podía ser más descarada, emulando las viejas mañas que el otrora “partido oficial” inventó para perpetuarse en el poder. “La reforma es tendenciosa y limitada”, se apresuraron a pontificar sus correligionarios más distinguidos, en una estrategia muy bien orquestada para despachar y denigrar la propuesta. Pero las cosas no terminaron ahí. El PRI desempolvo su vieja y desgastada retórica nacionalista y de justicia social para relegar descaradamente la reforma política. Lo que México necesita en estos tiempos tan difíciles —se apresuraron a señalar— son sobre todo reformas económicas y sociales, por lo que la reforma política puede esperar. Ni siquiera vale la pena criticar una posición tan obtusa y perversa como ésta, si acaso notar que por esta vía retórica lo político es nuevamente relegado por otras cuestiones que supuestamente son más relevantes o apremiantes para los mexicanos. Una posición muy cómoda para una clase política, en este caso la que alberga el PRI en su seno, que al jerarquizar los problemas y relegar la política, subestima su propia complicidad con la debacle que padecemos. La crisis que nos aqueja, no hay que olvidarlo, es sobre todo una crisis política y moral, que tiene como principal protagonista a una casta política ambiciosa y cínica, insensible a las exigencias sociales, cerrada e impermeable.
5. ABRACADABRA
Como ya adelanté, el debate sobre la reforma política propuesta por el Ejecutivo tal y como lo han perfilado los partidos de oposición es un falso debate. La discusión no es sobre la pertinencia o no de la reforma, sus implicaciones o sus efectos, sino si es necesaria o no es necesaria y si es suficiente o no lo es. Y ahí debemos sostener que si bien es cierto que la propuesta de reforma es básica y muy limitada, no hay argumento válido para despacharla, a no ser por la mezquindad de los partidos que no quieren ver acotados los enormes privilegios y prerrogativas de los que hoy disfrutan. De ahí que apoyarse en disciplinas “científicas” como la ingeniería constitucional para descalificar los contenidos de la reforma política es un ardid de los partidos con la que buscan legitimar su rechazo a la misma. Ese es el tono que prevaleció precisamente en el seminario convocado por el Senado de la República para discutir la reforma política y en el que se dieron cita los “expertos” de siempre, analistas a modo que llevaron la discusión hacia donde los partidos de oposición querían llevarlo.
El engaño consiste en que por esa vía se puede objetar todo, pues siempre puede fabricarse un argumento técnico para mostrar las inconsistencias de una propuesta o para anticipar consecuencias contraproducentes. Pero he ahí que el rasero de los especialistas para descalificar los contenidos de una iniciativa de reforma es tan intangible como arbitrario: la gobernabilidad que supuestamente permite o inhibe. En efecto, para la ingeniería institucional, una subdisciplina de la ciencia política empírica tan banal e inútil como todas las demás, la política es un asunto de instituciones, y éstas deben diseñarse en función de los resultados que produce, o sea la eficacia y la gobernabilidad. Obviamente, se trata de una mirada muy estrecha de la política, sobre todo si se consideran los muchos imponderables que la cruzan. Por ello, depositar en la ingeniería institucional demasiada confianza para corregir los problemas institucionales es una convicción insostenible. Lo mismo puede decirse del recurso a sus preceptos “científicos” para descalificar una iniciativa concreta. De hecho, la ingeniería constitucional sólo ha producido fracasos, siendo el más sonado la reforma política que diseñó y propuso el propio inventor de esta disciplina para Italia a fines de los noventa, el afamado politólogo Giovanni Sartori, una reforma que ha conducido a su país a una auténtica debacle política. La lección es clara. No hay una regla única e inobjetable para preferir un diseño institucional u otro para una democracia en construcción.
En suma, recurrir a la ingeniería institucional puede vestir de un halo de autoridad “científica” una opinión, pero nada asegura que sea válida o correcta. En materia de diseño institucional todo es relativo y cualquier reforma admite diversas posiciones, incluso antagónicas, pues lo que resulta “eficaz” para un país puede ser un desastre para otro. Por todo ello, llevar la discusión a este terreno mediante un debate entre expertos fue una estrategia muy rentable convocada por los partidos, sobre todo el PRI y el PRD, para despachar la reforma. Además, los expertos especializados que intervinieron en el seminario son todos analistas o intelectuales políticamente correctos, la mayoría de ellos asesores muy bien pagados por sus servicios profesionales ya sea para el gobierno o para alguna dependencia pública, intelectuales que se saben acomodar perfectamente a los intereses en disputa para seguir siendo considerados en el presupuesto. No tengo que decir sus nombres, pues están en todas partes. Basta ver o escuchar los programas de análisis político de las grandes cadenas para ubicarlos inmediatamente, o leer sus editoriales y artículos vacíos en periódicos y revistas para identificarlos. Son los intelectuales de siempre, repetidores de la cochambre, ideólogos de turno, mercenarios sin convicciones.
Pero el relativismo al que conduce invariablemente la ingeniería institucional no debe llevarnos a engaño. Como veremos más adelante, los temas contenidos en la propuesta de reforma política de Calderón son tan básicos para una democracia que ni siquiera califican para un examen de este tipo, o sea no debería estar a discusión su mayor o menor pertinencia con criterios técnicos sino por qué, siendo tan elementales, siguen ausentes en nuestro andamiaje institucional. Basta observar el regateo mezquino que las propuestas de Calderón han generado entre los partidos de oposición para entenderlo. Aquí no hay alquimia ni magia: no existen todavía los incentivos suficientes para que los partidos políticos renuncien por la vía de reformas normativas que corresponde a ellos mismos aprobar, a algunas de las muchas prerrogativas y privilegios con los que hoy cuentan. Conviene no olvidar que la partidocracia en la que mutó nuestro sistema político después de la alternancia es una perversión de la democracia igual de nefasta y nociva que el hegemonismo de un partido que padecimos en la era autoritaria del viejo régimen.
6. ¡SUFRAGIO EFECTIVO Y… REELECCIÓN!
Uno de los temas contenidos en la iniciativa de reforma política de Calderón que más suspicacias ha generado entre sus denostadores es el de la reelección de diputados, senadores, alcaldes y gobernadores. Entre otros muchos argumentos, se afirmó que la reelección de dichos representantes populares puede alentar la creación de nuevos caciquismos y cotos personales de poder, considerando nuestra larga tradición de corrupción y ambiciones desmedidas por parte de la clase política. Obviamente, se trata de un argumento falaz y tramposo, pues aceptarlo sería tanto como suponer que la no reelección que arrastramos desde la consolidación del viejo régimen priista ha obstaculizado la generación de tales caciquismos y caudillismos, lo cual es a todas luces insostenible. En realidad, oponerse hoy en día a la reelección de nuestros representantes sólo puede hacerse con la intención de asegurar y preservar los caudillismos y los cotos de poder que la no reelección ha alimentado en tiempos de alternancia.
No existe pues, en la actual etapa postautoritaria de nuestro país, ninguna razón válida para seguir alimentando el mito revolucionario de la no reelección. Más aún, es una cuestión tan básica para las democracias modernas que ni siquiera debería estar a discusión, si acaso aspectos específicos como el número de reelecciones consecutivas más adecuado o los requisitos para que un representante pueda ser reelecto. La verdad es que la reelección de nuestros representantes es fundamental para conferir a los ciudadanos la capacidad de premiar o castigar a nuestras autoridades y, en esa medida, estimular a estos últimos a gobernar en tensión creativa con los ciudadanos. Si las cúpulas partidistas se oponen a esta medida es porque les sustrae capacidad para seguir manipulando clientelarmente la asignación de candidatos y curules, según la lógica que sostiene que lo que pierden los partidos lo conquistan los ciudadanos. Pero así como la reelección resulta fundamental para toda democracia, al grado que hoy es difícil encontrar democracias que la proscriben, debemos señalar que esta iniciativa es insuficiente si no se introducen paralelamente mecanismos formales para la revocación de mandato y la rendición de cuentas. Asimismo, ya es tiempo de sacudirnos las telarañas ideológicas para permitir igualmente la reelección del Presidente de la República. Mantener a estas alturas los mitos del “sufragio efectivo y no reelección” es contradictorio con la democracia. De hecho, ninguna democracia que se precie de serlo puede conculcar a los ciudadanos el derecho legítimo de premiar o castigar en las urnas a su máximo representante.
7. NO HAY MAL QUE DURE CIEN AÑOS
Otro tema igualmente polémico en la iniciativa de reforma de Calderón es el de las candidaturas independientes o ciudadanas. Se trata de un tema tan elemental para cualquier democracia que seguir discutiendo su pertinencia no sólo es una necedad sino que revela el profundo desprecio que nuestra clase política mantiene hacia los ciudadanos. Huelga decir que la legislación electoral vigente en México, al negar este derecho fundamental a los ciudadanos, no sólo no soporta la prueba de la democracia sino que la inhibe y entorpece. El asunto es tan simple como garantizar el derecho de todo ciudadano a aspirar a un cargo de elección popular sin estar obligado a vender su alma a un partido político.
No hay pues, argumento que valga: en cualquier régimen que se precie de ser democrático simplemente no existe ni puede existir impedimento alguno para que un buen ciudadano o ciudadana pueda postularse a un cargo de elección popular de manera independiente, es decir, sin pedir el cobijo o el respaldo de un partido político. Que un candidato o una candidata independiente compita en condiciones desventajosas frente a la enorme maquinaría de los partidos es un cálculo que sólo compete a él o ella; que no tenga recursos suficientes para hacer proselitismo es su responsabilidad; que al final no pueda convencer al electorado, también es un escenario posible que deberá ponderar, pero que la ley le impida a priori contender es una aberración autoritaria.
Puede haber un sinnúmero de razones para que un ciudadano o ciudadana con aspiraciones políticas decida contender por la libre, pero eso es un asunto subjetivo irrelevante para los efectos de la vida democrática. Por cierto, considerando la ruindad de los partidos políticos con registro en México, vaya que hay muchas y muy buenas razones para que los interesados o interesadas se postulen en calidad de candidatos independientes o ciudadanos. Como es sabido, todos los partidos políticos actuales no sólo no han estado a la altura de las exigencias sociales y los desafíos abiertos con la alternancia del 2000 sino que se han convertido en verdaderas amenazas para la estabilidad y la gobernabilidad del país. Cuando no se exhiben como refugio de delincuentes y mafiosos, aparecen como estructuras obsoletas, incapaces de anteponer los intereses de la nación a sus intereses de capilla.
Sin embargo, la ley electoral vigente en México, con todo y la flamante reforma constitucional de 2007, impide la existencia de candidaturas independientes. Que todos los partidos con registro sean una calamidad, no importa. El hecho es que sólo postulado por uno de ellos alguien puede aspirar a un cargo de elección popular. Pero la mediocridad de los partidos no es el argumento de fondo para que existan o no candidatos independientes. En realidad no hay argumentos en clave democrática que justifique su imposibilidad, a no ser porque la ley electoral sea una ley timorata y abiertamente favorecedora de los intereses de los propios partidos.
El argumento es más contundente por el lado de la historia. En México las candidaturas independientes no sólo fueron permitidas hasta 1946, sino que eran parte del sistema político mexicano. Con cien ciudadanos, cualquier agrupación podía postular candidatos en todos los niveles de gobierno. La postulación de José Vasconcelos en 1929, después de escindirse del partido gobernante, fue posible gracias a la existencia de las candidaturas independientes.
Por todo ello, prohibir las candidaturas ciudadanas no sólo es anticonstitucional sino que tiene una vena autoritaria contradictoria con los valores y aspiraciones democráticas que tan trabajosamente se han abierto camino en el México contemporáneo. Hasta que no se hagan las cuentas con situaciones tan absurdas como la referida o como muchas otras presentes en nuestra legislación, no se podrá hablar a cabalidad de una democracia electoral.
En una línea similar de preocupaciones, la iniciativa de reforma de Calderón contempla la iniciativa popular, para que los ciudadanos puedan incidir en los procesos legislativos y proponer puntos en la agenda. En primera instancia, oponerse a cuestiones tan elementales y básicas como ésta sería estúpido, sin embargo más de un “experto” o líder partidista lo hizo, en el colmo del cinismo. Por mi parte, sólo diría que la iniciativa ciudadana es una facultad indispensable para cualquier democracia moderna, y que abría que contemplar también otras prerrogativas vecinas como el referéndum y el plebiscito, instrumentos cada vez más socorridos para garantizar la rendición de cuentas y la reciprocidad.
8. EL TAMAÑO SÍ IMPORTA
Quizá el tema más polémico de la reforma propuesta por Calderón sea el de reducir el número de legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados con el fin de dar “mayor eficiencia al Congreso y evitar el uso dispendioso de recursos”. Según esta propuesta, el número de senadores pasaría de 128 a 96 (3 por cada entidad), eliminado los elegidos por listas proporcionales, mientras que el número de diputados pasaría de 500 a 400 (240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional).
Si hay una herencia del viejo régimen priista que no encuentra ninguna justificación en el nuevo emanado de la alternancia del 2000 es el excesivo número de legisladores que integran las Cámaras. Así, por ejemplo, la única experiencia institucional que recuerdo de 500 o más representantes populares era el Soviet Supremo instaurado en la era estaliniana, pero da la casualidad que la Unión Soviética era el país más grande del planeta y de que no era una democracia. Sirva esta comparación burda para mostrar lo absurdo que resulta una democracia con tantos legisladores. Pero si este hecho es absurdo en sí mismo más absurdo resulta que alguien pueda defender la permanencia del Congreso mexicano tal y como está. Pues bien, eso fue precisamente lo que pasó después de que Calderón hiciera pública su iniciativa de reforma política. Los argumentos vertidos en ese sentido por varios líderes de la oposición y por los “especialistas” son tan pueriles que ni siquiera viene al caso mencionarlos. Pero frente a la estulticia hay que oponer hechos, y aquí la mejor evidencia de la inutilidad de un Congreso obeso como el mexicano son sus pobres resultados. Está comprobado que la eficacia legislativa no tiene nada que ver con el número de legisladores sino con la profesionalización de los mismos (servicio legislativo de carrera), lo cual se ha pospuesto indefinidamente. Huelga decir que tenemos en México uno de los Congresos más onerosos del mundo y muy probablemente el más ineficiente, si consideramos sus magros resultados. Por todo ello, nada justifica su permanencia en los términos actuales. Más aún, lo deseable sería reducir el número de diputados a 240 y el de senadores a 64.
La misma crítica vale para la condición mixta de nuestro sistema electoral, pese a que muchos la defiendan todavía con uñas y dientes. En realidad, incorporar la representación proporcional para combinarla con la de mayoría (a partir de la reforma política de 1977) fue una estrategia del viejo régimen para ofrecer a la nación la apariencia de mayor pluralidad en el Congreso en una época de crisis de legitimidad que lo obligaba a liberalizar parcialmente la arena electoral. Es decir, si la representación proporcional tuvo una razón de ser en el pasado autoritario, en el presente democrático nada la justifica, a no ser que las cúpulas partidistas quieran mantener el sistema de listas nacionales que tantas prerrogativas y poder les confiere. Además, por si estos argumentos no bastaran, los sistemas de representación mixtos son escasos en el mundo por inconsistentes, pues la representación proporcional y la mayoría simple se fundamentan en principios distintos y opuestos. Los clásicos en la materia, como Hans Kelsen, recomendaban elegir uno u otro, pero no combinarlos. Además, los sistemas presidenciales suelen ir acompañados de manera lógica y natural por el sistema de mayoría en lo que a la composición de sus Congresos se refiere. En todo ello no hay mucha ciencia, si acaso mucho sentido común, un bien muy escaso entre nuestros políticos.
Un comentario al margen me merece también la propuesta de la iniciativa de Calderón de elevar a 4 por ciento obligatorio el registro nacional de votos para que un partido político pueda registrarse y mantenerse. Es claro que esta iniciativa molesta en especial a los así llamados partidos pequeños o partidos bonsái, pero la verdad es que su pequeñez no deriva del escaso número de votos que logran rasguñar en cada elección sino de la pobre oferta política e ideológica que representan y de la aún peor caterva de políticos oportunistas y corruptos que cobijan en su seno. En esos partidos hay refugio para lo más deleznable de nuestra casta política, como la mística Elba Esther Gordillo,[2] como para familias completas que han encontrado en estas organizaciones un modus vivendi muy lucrativo, como para ex funcionarios que quieren seguir viviendo del presupuesto, como para charlatanes y grillos que por esa vía aspiran a ingresar a las grandes ligas o a los big business. Por todo ello, seguir siendo tan permisivos con estos partidos mediocres sólo contribuye a la sangría de recursos del erario sin ningún beneficio. Son los hechos y nada más los que desautorizan cualquier argumento en contra, como sostener que una democracia debe alentar y defender la formación de minorías, pues nuestro problema es que las minorías con registro son más corruptas y cínicas que las mayorías. En ese sentido, lo más sensato sería que el tope para que un partido conserve su registro se eleve no al 4 por ciento sino al 10 por ciento. Quizá así veríamos partidos más preocupados en vincularse con la sociedad y más responsables de sus actos y decisiones.
9. AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR
Otro tema igualmente elemental de la iniciativa de Calderón pero que ha tenido muchos denostadores es el de instaurar la segunda vuelta en la elección presidencial en caso de que ningún candidato obtenga más del 50 por ciento de los votos. Avanzar hacia un mecanismo alternativo para enfrentar elecciones presidenciales muy competidas como las que tuvimos en el 2006 no sólo es una necesidad sino una obligación, considerando los muchos riesgos innecesarios que sufrimos en los comicios más recientes. Por eso, resulta inconcebible que todavía existan voces que se opongan a reformas en esta materia. Si acaso, lo que debe discutirse son los aspectos finos de la segunda vuelta, como el porcentaje de votos que un candidato deberá alcanzar para ganar y evitar así la segunda vuelta o los tiempos para llevarla a cabo, pero bajo ninguna circunstancia se puede obviar dicha modificación, so riesgo de volver a repetir la crisis política del 2006. Además, cada vez son más las democracias modernas que incorporan esa figura en sus legislaciones para asegurar legitimidad de partida al presidente electo por esa vía, pues siendo candidato de segunda vuelta se ve obligado a tender puentes con las fuerzas minoritarias para obtener los apoyos de sus simpatizantes. En suma, son más que evidentes los beneficios de este tipo de mecanismos. Sólo desde la miopía, el engaño o la irresponsabilidad histórica se pueden menospreciar sus virtudes intrínsecas.
10. NI TODO EL AMOR NI TODO EL DINERO
En el conjunto de propuestas que contempla la iniciativa de Calderón hay tres tendientes a mejorar el equilibrio de los poderes: a) dotar de mayor poder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que presente iniciativas de ley en el ámbito de su competencia; b) facultar al Ejecutivo para presentar al inicio del período ordinario de sesiones, dos iniciativas preferentes, las cuales se discutirían y votarían antes de concluir dicho periodo (en caso de no cumplirse esto, se considerarían aprobadas); y c) establecer de manera expresa el proceso de legislación que permita el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo, figura de reconducción presupuestal.
En esta parte de la iniciativa de Calderón hay en realidad muchos engaños. En primer lugar, es una ilusión suponer que con esas reformas nos acercaremos al ideal del equilibrio de poderes propio de una democracia, pues se trata más bien de propuestas muy superficiales y coyunturales que no van al fondo de la cuestión, como facultar a la SCJN para promover iniciativas, o asegurar que al menos dos iniciativas presidenciales sean votadas expeditamente por el Congreso en cada período ordinario de sesiones. Es un hecho que nuestro régimen político, heredado del pasado autoritario, no sólo es contradictorio con los principios de separación y equilibrio de poderes, sino que los inhibe y pervierte. De ahí que resulta imperiosa una reforma estructural en la materia que redefina las competencias de cada uno de los poderes públicos y defina mecanismos más consistentes de pesos y contrapesos entre los mismos, tal y como ocurre en las democracias consolidadas. Al respecto hay innumerables propuestas e iniciativas en la panza del Congreso, pero poca voluntad por parte de las bancadas partidistas para ir al fondo.
En segundo lugar, mienten quienes descalifican esta parte de la iniciativa de Calderón con el argumento de que su intención no confesa es fortalecer al Ejecutivo frente al Legislativo, por lo que sería un retroceso para nuestra democracia. Es una mentira porque las reformas de Calderón son insuficientes para ello, y porque lo que en la práctica ha venido sustituyendo después de la alternancia al centralismo y el presidencialismo de la era autoritaria no es necesariamente un régimen democrático virtuoso en materia de equilibrios entre los poderes, sino una perversión o desviación de la democracia. Tan perversa era la concentración del poder en el Presidente durante el viejo régimen como la partidocracia y la insubordinación infértil del Congreso en la actualidad. En suma más que de un presidencialismo a un auténtico equilibrio de poderes, hemos transitado de una presidencia imperial a una presidencia advenediza, de un Congreso sometido a un Congreso insumiso, de un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos hegemónicos, de un partido hegemónico a una partidocracia. En suma, esta parte de la reforma de Calderón es la más débil de todas, pero más débiles son los argumentos esgrimidos para denostarla y descalificarla.
El hecho es que la reforma de Calderón tiene pocas posibilidades, lo que abonará más a la ruina que a la recuperación de nuestro país.
NOTAS
[1] A dos años de que se definan los candidatos presidenciales para el 2012, la futurología electoral está en su apogeo. Para no ser menos diré que la iniciativa calderonista de reforma política forma parte de una estrategia muy bien pensada cuyo horizonte es precisamente el 2012. En la misma se contemplan las tan criticadas alianzas del PAN con su archienemigo de izquierda, el PRD (Partido de la Revolución Democrática), en todas las elecciones estatales donde no ha habido alternancia. Obviamente, el objetivo aquí no es necesariamente ganar dichos comicios, sino preparar el terreno para una gran alianza presidencial PAN-PRD para el 2012 y cerrarle la puerta al PRI y a su más que seguro candidato, Enrique Peña Nieto, que hasta ahora parecen avanzar seguros hacia Los Pinos. En esa perspectiva, la reforma política de Calderón busca exhibir al PRI como antidemocrático y la alianza PAN-PRD (que presumiblemente tendría como candidato al ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente), busca cerrarle el paso al PRI en sus aspiraciones de regresar al poder central.
[2] Lo de “mística” lo tomo del interesante libro Los brujos y el poder (2008), en el que su autor, José Gil Olmos, documenta la práctica muy frecuente de Gordillo de ir a Nigeria y pagar cifras escandalosas para que le maten un león para poder bañarse en su sangre y adquirir así la fortaleza del felino que le permite combatir a sus enemigos.
